Hay decisiones que no hacen ruido inmediato. No llenan titulares, no generan protestas masivas, no interrumpen la rutina. Pero son, muchas veces, las más profundas. Las que cambian el rumbo sin necesidad de explicarlo demasiado.
En pocos días, el Gobierno ha retirado decenas de decretos ambientales, ha suspendido procesos de protección de biodiversidad y ha debilitado instrumentos que buscaban resguardar ecosistemas estratégicos. Todo bajo un argumento que se repite como mantra: hay que destrabar la economía.
La frase parece razonable. El problema es lo que oculta.
Porque cuando se habla de “destrabar”, en la práctica se está hablando de reducir exigencias, acelerar permisos, flexibilizar estándares. Se está hablando de permitir que ciertos proyectos avancen más rápido, con menos controles, con menos discusión. Y en ese proceso, lo que se pierde no es abstracto: son territorios, especies, equilibrios que no se recuperan con crecimiento económico.
El propio gobierno ha sido explícito en algo que debería alarmar más de lo que lo hace: priorizar el empleo por sobre el medioambiente. Como si fueran dimensiones incompatibles. Como si el desarrollo en Chile solo pudiera existir a costa de sus propios ecosistemas.
A esto se suma un ajuste fiscal de gran escala, que recorta miles de millones de dólares del gasto público. Menos Estado, menos regulación, menos capacidad de fiscalización. Pero al mismo tiempo, más espacio para que el mercado opere sin restricciones equivalentes.
No es solo una política económica. Es una visión de país.
Una donde el medioambiente deja de ser un límite y pasa a ser un obstáculo. Donde la protección se interpreta como traba. Donde el largo plazo se sacrifica en nombre de una urgencia que nunca termina de definirse, pero siempre sirve para justificar.
El Gobierno habla de responsabilidad.
Pero lo que vemos es otra cosa: una renuncia.
Y esa renuncia no es técnica.
Es profundamente política.
