Cuerpo Nacional

El concepto de “gobierno en emergencia” se ha instalado como una explicación total. Todo cabe ahí: los recortes, los ajustes, la velocidad de las decisiones, la reducción de espacios de deliberación. Es una fórmula eficaz, porque simplifica, porque ordena, porque transmite urgencia. Pero también porque permite algo más delicado: justificar. El problema no es que existan problemas.El problema es cómo se narran. Porque cuando el Estado comienza a hablar de forma persistente desde la amenaza —desde la inseguridad, el desorden, el riesgo— no solo está describiendo la realidad. Está contribuyendo a construirla. Y eso, desde la psicología social, tiene consecuencias profundas. El sociólogo Ulrich Beck hablaba de la “sociedad del riesgo”: un tipo de organización donde la percepción de amenaza se vuelve el eje de la vida colectiva. No importa solo el peligro real, sino cómo se comunica, cómo se instala, cómo se amplifica. En ese escenario, el riesgo deja de ser una condición externa y pasa a ser una experiencia cotidiana. Eso es lo que empieza a ocurrir cuando el Estado no solo gestiona crisis, sino que instala un estado de alerta permanente, una sensación de inseguridad generalizada, una ansiedad colectiva que se vuelve el telón de fondo de todas las decisiones. No es casual.Tiene efectos. El sociólogo Frank Furedi lo describe con claridad: en una “cultura del miedo”, las instituciones tienden a amplificar los riesgos porque eso facilita la conducción social. El miedo ordena. Reduce la complejidad. Hace que las personas acepten con mayor facilidad medidas que, en otro contexto, generarían resistencia. Y en Chile, hoy, ese mecanismo empieza a ser visible. Mientras se habla de emergencia, se retiran proyectos laborales que buscaban equilibrar relaciones de poder. Mientras se invoca orden, se reducen regulaciones ambientales bajo el argumento de destrabar la economía. Mientras se pide responsabilidad, se implementan recortes que afectan la capacidad del Estado para fiscalizar, proteger y sostener derechos. Nada de esto aparece como una ruptura. Aparece como necesidad. Pero esa es precisamente la lógica del clima de alerta: transformar decisiones políticas en inevitables. El problema es que la realidad no termina de sostener ese relato. Porque mientras se habla de crisis, se reducen impuestos a grandes empresas. Mientras se invoca austeridad, se toman decisiones que benefician a sectores específicos. Mientras se pide sacrificio, este no se distribuye de manera equitativa. Y ahí aparece una tensión que el Gobierno no logra resolver: la distancia entre lo que prometió y lo que está haciendo. José Antonio Kast llegó al poder con un discurso de orden, sí, pero también de transparencia, de coherencia, de respeto por ciertas reglas. Hoy, su administración avanza en una dirección donde esas promesas empiezan a diluirse. No necesariamente porque se diga lo contrario, sino porque se hace otra cosa. Se endurece el control social, bajando la edad para controles de identidad. Se militarizan zonas de frontera. Se despliegan operativos masivos que buscan mostrar eficacia. El Estado se vuelve más duro, más presente en el control, pero más ausente en la protección. No es una contradicción menor. Es una señal. Porque un país que vive bajo sensación constante de amenaza cambia. Cambia en cómo percibe su entorno, en cómo se relaciona, en cómo decide. El psicólogo Daniel Kahneman explicó que las personas evalúan la realidad según lo que tienen más disponible en su memoria. Si el mensaje constante es que hay peligro, que hay crisis, que hay descontrol, entonces el mundo se percibe más hostil de lo que necesariamente es. Y cuando el mundo se percibe así, las personas aceptan más control, más vigilancia, más dureza. El sociólogo Stanley Cohen lo llamó “pánico moral”: momentos en que una sociedad sobrerreacciona frente a amenazas amplificadas, habilitando respuestas desproporcionadas. En paralelo, la socióloga Elisabeth Noelle-Neumann advirtió que en contextos de presión social, las personas tienden a callar si perciben que su opinión es minoritaria o riesgosa. El resultado no es consenso, sino silencio. Y el silencio, en política, también ordena. Lo que se empieza a configurar, entonces, no es solo un conjunto de políticas económicas, laborales o de seguridad. Es una forma de gobernar donde el poder se concentra, donde las decisiones se aceleran y donde el espacio para el disenso se reduce. Una forma de gobernar que opera sobre las emociones colectivas, que instala un clima de hipervigilancia social, de temor difuso, de alerta constante, donde ciertas decisiones dejan de parecer opcionales. El problema no es que el Gobierno tenga un proyecto.El problema es que ese proyecto no se está diciendo completo. Porque no se trata solo de crecimiento.Ni solo de orden.Ni solo de estabilidad. Se trata de un reordenamiento donde algunos derechos se vuelven negociables, donde el medioambiente pasa a ser una variable de ajuste y donde el trabajo deja de ser un eje para convertirse en costo. Todo en nombre de una emergencia que nunca termina de definirse, pero que siempre sirve para justificar. Y ahí está el punto más incómodo. Un Estado que instala una sensación permanente de amenaza no solo gobierna sobre hechos.Gobierna sobre emociones. Y cuando gobierna las emociones,ya no está administrando la realidad.Está empezando a moldearla.

En política, el problema no es cambiar.El problema es no decir que vas a cambiar. El programa de gobierno de José Antonio Kast prometía orden, crecimiento, seguridad y una implementación gradual, técnica y dialogada de las reformas. No era un programa que hablara de shock, ni de retrocesos abruptos en derechos laborales, ni de una desarticulación silenciosa de los equilibrios institucionales. Incluso, en su performance de campaña muchas veces negó que sería así. Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo. Porque lo que hoy vemos no es una reforma gradual. Es una secuencia acelerada de decisiones que, bajo el paraguas del “gobierno en emergencia”, están modificando pilares que el propio programa decía respetar. Lo que NO estaba en el programa 1. No estaba planteado despriorizar o eliminar herramientas de negociación laboral estructural El programa hablaba de empleo, de dinamismo, de modernización productiva. Pero no planteaba —al menos no de forma explícita— desactivar instrumentos como la negociación colectiva a nivel más amplio o reducir el rol de mediación del Estado. Muy por el contrario, se hablaba de enfrentar una “emergencia laboral” con foco en oportunidades, especialmente para grupos vulnerables. No de debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores. Hoy, sin embargo, el camino es otro:menos negociación estructural, más atomización: una Dirección del Trabajo que pierde peso político, y un Estado que deja de equilibrar para pasar a administrar. No se habló de imponer cambios estructurales bajo lógica de urgencia permanente El propio programa rechazaba las soluciones “impuestas desde arriba” y enfatizaba el diálogo y el realismo político. Hoy, en cambio, el concepto de “emergencia” se ha transformado en una herramienta política para acelerar decisiones sin el mismo nivel de deliberación. Y ahí hay un quiebre evidente:no es gradualidad, es imposición con relato de urgencia. Lo que se empieza a configurar no es una simple desviación táctica. Es algo más profundo:un cambio de dirección que no fue explicitado al electorado. Se prometió orden con reglas claras.Se está ejecutando orden con concentración de decisiones. Se prometió crecimiento con estabilidad.Se está avanzando con ajustes que golpean siempre a los mismos. Se prometió gradualidad.Se está aplicando velocidad. cuando un gobierno llega con un programa que habla de diálogo, gradualidad y fortalecimiento institucional —y luego actúa en sentido contrario—, lo que se rompe no es solo una promesa. Se rompe la confianza básica entre ciudadanía y poder. Al menos entre quienes votaron por esa opción y que difícilmente puedan soportar, porque la confianza a diferencia de los indicadores económicos, no se recupera con crecimiento.