Hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Lo que ocurre en Chile es gravísimo. Mientras el Gobierno de José Antonio Kast promete seguridad y mano dura, su Ministerio de Justicia ha concedido rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Y el presidente, lejos de apartar al ministro Fernando Rabat, insiste en respaldarlo.

En Chile, el 41,1% de quienes declararon haber sufrido abuso sexual durante su infancia identificó a un familiar como agresor, según la encuesta CUIDA UC y Fundación para la Confianza. El miedo, el silencio y las secuelas pueden acompañar a las víctimas durante décadas. ¿Alguien en La Moneda está pensando en ellas?

Lo más indignante es que la explicación del ministro se contradice con sus propias actuaciones. CIPER reveló que Rabat rechazó al menos nueve solicitudes de rebaja y defendió esas decisiones ante los tribunales. En seis casos, la justicia le dio la razón. El último fallo favorable llegó apenas un día antes de que el ministerio comenzara a aplicar su nuevo criterio.

Entonces, ¿por qué cambió? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién la autorizó?

Y el presidente Kast, ¿sabía o no sabía? Si sabía, debe responder por su respaldo político. Si no sabía, ¿cómo se explica que decisiones de semejante gravedad escaparan a su conocimiento? ¿Qué estaba supervisando mientras viajaba por Europa?

¿Quién gobierna Chile? ¿Quién responde por la seguridad de las víctimas?

También debemos interpelar a los medios. Una controversia de esta magnitud merece investigación sostenida, documentos sobre la mesa y preguntas persistentes, no solamente declaraciones ministeriales.

La seguridad no puede limitarse a discursos de campaña. La responsabilidad política tampoco desaparece porque el presidente decida proteger a su ministro.

Chile necesita respuestas. Las víctimas merecen protección y verdad. Y el Gobierno debe explicar por qué cambió una decisión que antes había defendido exitosamente ante la justicia.

Presidente Kast: ¿y la seguridad para cuándo?