A las 3:24 de la madrugada del martes 3 de noviembre, la aplicación de Ueno Bank dejó de mostrar los saldos de sus clientes. Millones de personas despertaron sin poder acceder a su dinero. En las pantallas apareció un mensaje que anunciaba la imposibilidad de consultar sus cuentas. No sabían cuándo podrían recuperar sus ahorros.

A esa misma hora, el Banco Central del Paraguay anunciaba la intervención de la entidad por una grave insuficiencia de solvencia. Su patrimonio disponible había caído por debajo de la mitad del mínimo legal requerido.

Ueno había crecido vertiginosamente. En apenas tres años pasó de ser una financiera a convertirse en uno de los mayores bancos digitales de Paraguay. Ofrecía facilidades de acceso, tarjetas y servicios que atrajeron a casi tres millones de clientes.

Pero detrás de aquel crecimiento comenzaron a aparecer problemas.

Las autoridades detectaron préstamos de alto riesgo y operaciones con empresas presuntamente vinculadas a sus propietarios. La Fiscalía investiga posibles maniobras irregulares dentro del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que controlaba el banco.

El problema trascendió rápidamente a los pequeños ahorristas. Ueno administraba entre 800 y 850 millones de dólares de recursos públicos, incluidos cientos de millones pertenecientes al Instituto de Previsión Social, responsable de pensiones y prestaciones sanitarias.

Treinta y dos mil jubilados recibían sus pagos mediante la entidad.

La crisis financiera se convirtió entonces en una crisis política.

El presidente Santiago Peña había mantenido vínculos empresariales con el Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, cuando ya ejercía la Presidencia. Además, había nombrado como presidente del Banco Central a Carlos Carvallo, antiguo directivo de la financiera Ueno.

La Fiscalía abrió investigaciones por presuntas irregularidades, mientras avanzaban las detenciones e imputaciones contra ejecutivos bancarios.

Peña negó haber cometido delitos. Sin embargo, perdió respaldo político incluso dentro de su propio Partido Colorado.

El 5 de noviembre anunció su renuncia. Al día siguiente, el Congreso lo destituyó mediante un juicio político y el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia.

La investigación judicial también alcanzó al exmandatario, imputado por presuntos delitos relacionados con la administración de recursos y el aprovechamiento de su posición. Peña rechaza las acusaciones y conserva su presunción de inocencia.

Mientras las instituciones discutían responsabilidades, los ahorristas seguían esperando.

El Banco Central activó mecanismos de garantía de depósitos y comenzó a realizar devoluciones. Sin embargo, la recuperación completa de los fondos continúa siendo incierta para parte de los afectados.

El derrumbe de Ueno deja una pregunta que trasciende Paraguay: ¿qué ocurre cuando las relaciones entre el poder político, los grandes empresarios y los organismos encargados de fiscalizarlos se vuelven demasiado estrechas?

Durante años, el banco prometió modernizar la relación de millones de paraguayos con su dinero.

Ahora, las investigaciones deberán determinar cómo se deterioró su solvencia, quiénes conocieron las irregularidades y por qué los mecanismos de supervisión no evitaron el colapso.

El banco cerró. El presidente cayó. Y para miles de familias, la historia todavía no termina: comienza con la necesidad de recuperar sus ahorros.