El gobierno de Kast concedió rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, a tres agentes condenados por crímenes de la dictadura y a un condenado por tráfico de drogas que seis meses después de recuperar la libertad fue detenido nuevamente. En el caso de los delitos sexuales, el Ministerio de Justicia sostuvo que debía conceder el beneficio, aunque CIPER acreditó que la propia administración de Fernando Rabat había rechazado al menos nueve peticiones y que en seis los tribunales respaldaron la negativa.

La investigación publicada el 5 de noviembre establece que cinco de esas seis negativas fueron respaldadas por la Corte Suprema. La última resolución favorable a la postura ministerial se dictó el 15 de junio, un día antes del primer decreto de la nueva interpretación adoptada por Rabat. Por eso, no se sostiene que la administración careciera de toda alternativa legal: podía denegar solicitudes y defender esa decisión ante los tribunales, aunque no siempre habría ganado.

CIPER también revisó 15 recursos de amparo posteriores. Trece fallos ordenaron al ministerio pronunciarse; uno reconoció expresamente que podía «reconocer o rechazar el beneficio». La discusión jurídica gira en torno a la Ley 19.856 y a la reforma de 2022 que excluyó a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La Corte Suprema ha fallado de manera dispar sobre la aplicación temporal de esa exclusión, circunstancia que exige distinguir los decretos voluntariamente concedidos de los que respondían a órdenes judiciales.

Bío Bío Investiga identificó a 43 de los 56 condenados por delitos sexuales que obtuvieron rebajas: 33 casos en los que el ministerio pudo optar por rechazar el beneficio, según el análisis del medio, y diez en los que una sentencia obligó a otorgarlo. Todos ellos figuraban como liberados en las publicaciones consultadas. Entre los primeros hay condenados por violación y abuso sexual contra menores con informes penitenciarios de alto riesgo de reincidencia. El mecanismo no contemplaba notificación automática previa a las víctimas.

Los beneficios también alcanzaron a tres condenados por crímenes de la dictadura: César Luis Acuña Luengo, exagente de la CNI condenado por secuestros de detenidos desaparecidos, recibió 19 meses de rebaja; Miguel Segundo Arias Navarrete, excarabinero condenado por secuestro calificado, obtuvo nueve meses; y Manuel del Carmen Cabezas Pérez, exintegrante de inteligencia de la Fuerza Aérea condenado por torturas, recibió ocho. Los tres salieron de prisión, según Bío Bío y El País. Fueron condenados por secuestros y torturas, no por terrorismo.

La revisión suma un expediente de narcotráfico fuera de los 56 casos iniciales: Edixon Escobar García fue condenado por tráfico de drogas luego de ser detenido en agosto de 2020 en pampa Gallinazo, Arica, en un procedimiento por diez kilos de marihuana. El decreto 1220, firmado por Rabat el 30 de abril de 2026, redujo seis meses su condena y adelantó el cumplimiento desde el 24 de octubre al 24 de abril. El 30 de octubre volvió a quedar en prisión preventiva, esta vez formalizado por una nueva imputación de tráfico. No existe una segunda condena firme acreditada en los antecedentes revisados (Cooperativa, 7 de noviembre).

Rabat defendió la legalidad de las medidas y sostuvo que aplicó criterios jurisprudenciales. Su explicación, sin embargo, no responde por qué su ministerio dejó de seguir una estrategia de rechazo que acababa de obtener respaldo judicial. El propio presidente Kast asumió la responsabilidad política del episodio, pero mantuvo al ministro en el cargo en medio de cuestionamientos de oposición y oficialismo.

La existencia de decisiones judiciales favorables a algunos condenados no borra la discrecionalidad existente en otros expedientes. Tampoco convierte automáticamente en ilegal cada decreto firmado. Lo acreditado es más concreto y políticamente decisivo: el gobierno tuvo una vía legal para rechazar beneficios, la utilizó y obtuvo fallos favorables; luego optó por otra interpretación que facilitó salidas anticipadas.

Tras las firmas está la pregunta que el gobierno aún debe responder: por qué abandonó una estrategia de rechazos que había obtenido sentencias favorables y qué antecedentes de cada solicitante revisó antes de dictar las reducciones. La defensa de una política de seguridad exige transparentar los decretos y sus fundamentos, sin confundir beneficios concedidos por la administración con aquellos impuestos por sentencias.tras

En el Congreso avanza una Acusación Constitucional que parece calzará con la votación de presupuesto, pero seguramente verá la luz y el Ministro Rabat, mas temprano que tarde, dejé su puesto tras generar el mayor escándalo de la administración de José Antonio Kast, quien prometió zanjas y mano dura, pero termina liberando personas peligrosas, violadores y narcos.

Fuentes y atribuciones

CIPER, 5 noviembre: seis rechazos respaldados: https://www.ciperchile.cl/2026/11/05/rabat-rechazo-al-menos-nueve-rebajas-de-penas-y-las-disputo-en-tribunales-en-seis-los-jueces-le-dieron-la-razon-y-no-otorgaron-el-beneficio/

CIPER, 4 noviembre: facultad de rechazar: https://www.ciperchile.cl/2026/11/04/fallos-de-cortes-de-apelaciones-establecen-que-rabat-si-podia-rechazar-las-rebajas-de-condenas/

Bío Bío, 3 noviembre: 43 identificados: https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/reportajes/2026/11/03/suben-los-pederastas-identificados10-de-43-fueron-beneficiados-por-orden-de-la-corte-suprema.shtml

El País, 27 octubre: condenados DD.HH.: https://elpais.com/chile/2026-10-27/quienes-son-los-condenados-por-violaciones-de-derechos-humanos-que-salieron-de-prision-tras-los-decretos-firmados-por-rabat.html

Cooperativa, 7 noviembre: caso Edixon Escobar García y decreto 1220: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/narco-beneficiado-por-rabat-volvio-a-la-carcel-seis-meses-despues/2026-11-07/103552.html